CIVICA

CHIMBOTE: CONFORMAN COMISIÓN PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES

La Comisión de Seguridad, Control y Orden Interno, integrado por la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Gobernación, Policía y Serenazgo, acordó elaborar un plan conjunto de intervención y prevención de los conflictos y problemas sociales en la provincia del Santa (Áncash).

Al respecto, la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Roslin Villanueva Ramírez, informó que el documento consignará las acciones que se implementarán para evitar los enfrentamientos por cupos de trabajo en obras públicas, revocatoria de autoridades municipales en Samanco, Moro, Jimbe y Macate.

Asimismo, adelantó que el plan contemplará las actividades que se desarrollarán para erradicar el bullying, consumo de drogas y alcoholismo que tiene como actores sociales a la población escolar de las instituciones públicas.

Villanueva Ramírez dijo que previo a la elaboración del documento harán un diagnóstico a través de las comisarías de la Policía Nacional, las cuales deberán investigar qué obras se están ejecutando y cuáles están programadas.

“Es necesario conocer el cronograma de obras para evitar conflictos con apoyo de la policía. En relación a la intervención en colegios se hará con apoyo de especialistas”, finalizó.

ÁNCASH LIDERA LISTA DE REGIONES CON MÁS CONFLICTOS SOCIALES

El Reporte de Conflictos Sociales N° 106 que presentó la Defensoría del Pueblo señala que en el mes de diciembre de 2012 ocurrieron 227 conflictos sociales. De ese total, 164 (72,2%) se encuentran activos y 63 (27,8%) en estado latente.

Según el estudio, las regiones de Áncash (32), Puno (20) y Apurímac (19) son las que concentran la mayor cantidad de estos problemas sociales.

Los conflictos socioambientales (148) representan el 65.2% del total de conflictos. Le siguen los conflictos por asunto de gobierno local (20 casos, es decir, el 8.8%), los conflictos por demarcación territorial (13 casos, 5.7%) y los conflictos por asuntos de gobierno nacional y por asuntos laborales, que tienen la misma proporción (11 casos, 4.8%, cada uno), se precisa.

El Reporte de Conflictos Sociales N° 106 señala que la principal competencia legal en la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 147 casos (64,8%), seguido de los Gobiernos Regionales con 48 casos (21,1%) y los Gobiernos Locales, con 23 casos (10,1%).

En Áncash se solucionó un caso socio-ambiental que involucraba a los pobladores y autoridades del Centro Poblado de Racrachaca y a la Compañía Minera Antamina. Después de una serie de reuniones se llegó a un acuerdo con la empresa minera.

                                       

LUIS GUZMAN SATALAYA